Las pensiones en el CDP

Escrito por
Clodomiro Moquete

Dos de los temas fundamentales en la agenda del Colegio Dominicano de Periodistas son el régimen de pensiones y el impuesto del medio por ciento a la publicidad que la ley 10-91 establece a favor del CDP, para ser administrado por el Instituto de Previsión y Protección del Periodista.

Eso que denominamos «régimen de pensiones» se ha convertido en los últimos años, a lo interno del Colegio, en una prerrogativa de la presidenta del CDP, nuestra distinguida amiga Mercedes Castillo, pero ese es un derecho que a ella no le asiste, al menos como ella lo ejerce. En lo externo, la decisión ha sido en los últimos años del presidente Leonel Fernández, quien ha pensionado por decreto, una facultad que le otorga la Constitución de la República.

Evidentemente el que debe ser brazo principal, institucional, del régimen de pensiones en el CDP, es el IPPP (Instituto de Previsión y Protección del Periodista), pues es el organismo facultado para ello por la ley 10-91. Pero evidentemente el IPPP ha sido marginado y en la práctica quien maneja burocráticamente la intríngulis es Mercedes Castillo. Parecería que, sintiéndose ella la persona con mayor autoridad en el CDP, se permite pasarle por encima a quien le corresponde la facultad, que es al colega Domingo Batista, excelente profesional y persona ecuánime.

La maniobra la inicia Mercedes Castillo elaborando ella misma la lista de periodistas que ha de someter al Poder Ejecutivo, vía la Secretaría de Estado de Hacienda. Es una forma de adjudicarse el poder y de ejercerlo a lo interno del CDP, pues ella recibe las solicitudes de los periodistas que se sienten con derecho. Ella misma sugiere a esos periodistas los pasos que deben dar, los documentos que deben suministrar.

Ella, Mercedes, elabora la lista y la somete al Secretario de Hacienda, cuyo incumbente ha sido en los últimos años el economista Vicente Bengoa. Por lo que se dice, es allí donde se toman decisiones que pueden ser definitivas. Bengoa consulta nada menos que con el periodista Leo Hernández (La Pipigua), y parece que La Pipigua ejerce cierta influencia. En esa secretaría es donde se «depura» la lista, pues regularmente Mercedes Castillo somete una lista larga, que puede pasar de cincuenta periodistas. Creo que el número de periodistas pensionados este año, con 25 mil pesos mensuales cada uno, es de 17. Ese habría sido el número de periodistas que la secretaría de Hacienda sometió a la consideración del presidente Leonel Fernández y esos fueron los seleccionados, en la mayoría de los casos justamente beneficiados sin duda.

Mientras esa práctica se ejerce cada año, hay una realidad lastimosa que la dirección del CDP pasa por alto. Como ya hemos denunciado anteriormente, el Colegio mantiene una pensión de dos mil pesos mensuales a 32 periodistas con severos quebrantos de salud o económicamente en muy malas condiciones. Ese lastre pecaminoso lleva varios años. Esos periodistas pasan por la vergüenza de retirar cada mes dos mil pesos de una pensión que para disfrazarla los dirigentes del IPPP le ha cambiado la denominación y en vez de pensión le llaman «ayuda».

Si en los últimos tres años el CDP hubiera sometido los nombres de al menos diez cada año de esos periodistas, con la petición de que no fueran «borrados» de la lista en la secretaría de Hacienda, el IPPP hubiera cumplido parcialmente el cometido que le indica la ley. Pero arrastramos la vergüenza.

El otro tema que quiero tratar en este breve escrito es el del impuesto del medio por ciento a la publicidad a favor del CDP, vía el IPPP. Parece un asunto delicado vista la nueva legislación sobre seguridad social que se instala en el país.

Voy a decirlo como se debe, como creo que debo decirlo. El Colegio Dominicano de Periodistas es una entidad de enorme peso como aparato sociojurídico en el Estado Dominicano. Hasta hoy, sus dirigentes no lo han asumido así, se han dedicado al miñingueo. Miñinguiando la dirigencia del CDP históricamente ha logrado las migajas o lo que se ha podido conseguir con el presidente de la República de turno. Hay que acabar con esa práctica paternalista y miñinguera (pedilona o pedigüeña).

El Colegio de Periodistas debe medir su estatura y colocarse a esa mismita altura. Debe obtener del Estado Dominicano los beneficios que le corresponden para el bienestar de sus miembros, sin miñinguiar. Debe lograr del Congreso Nacional, como un Poder del Estado, la modificación de la Ley 10-91, para que el impuesto a la publicidad no lo retengan los medios de comunicación, que son la patronal. La retención del gravamen debe hacerla un organismo del Estado facultado para ello.

El Colegio Dominicano de Periodistas debe elevarse hasta donde no ha subido: a su propia estatura.